Hablar de salud mental en el ámbito laboral sigue siendo un tema rodeado de estigmas, silencios y pendientes. Aunque cada vez más organizaciones incluyen el bienestar psicológico en su agenda de responsabilidad social, pocas veces se ha logrado que este compromiso trascienda hacia el marco legal. En México, un nuevo debate abre la puerta a repensar cómo las empresas y el Estado pueden garantizar un derecho que va más allá de la productividad: el derecho a la salud integral.