La pandemia ocasionada por el virus de COVID-19 permitió visibilizar el carácter multidimensional de la crisis global actual, que es a la vez económica, sanitaria, ambiental, social, alimentaria, energética, de cuidados, entre otras.
por Cecilia Fraga
En relación con los cuidados, la pandemia visibilizó aún más el vínculo entre economía y las actividades y labores destinadas a la sostenibilidad y reproducción cotidiana de las personas. Sin embargo, este vínculo no es nuevo: desde los estudios de género y, particularmente, desde la economía feminista1, se ha venido enfatizando la necesidad de (re) pensar la economía desde el estrecho vínculo que existe entre el ámbito de lo productivo y lo reproductivo.
Al respecto, la imagen del iceberg continúa siendo un punto de referencia clave para representar el papel del trabajo doméstico y de cuidados -tanto el remunerado como el no remunerado- para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.
La economía feminista, apoyada en esta imagen, profundiza en el papel de los cuidados y lo identifica como un aspecto de la vida que redefine el concepto mismo de economía, más allá de la producción de bienes y servicios para el mercado. Desde esta perspectiva, se habilita una comprensión de las actividades y tareas domésticas y de cuidados tanto remunerados como no remunerados como un trabajo, tanto por la demanda física y mental que implica, como por su valor social y económico. Estos aportes de la economía feminista son clave para avanzar hacia respuestas integrales en materia de cuidados, respuestas como las que reclaman los desafíos que afrontamos en la actualidad.
A lo largo de más de cuatro décadas, los gobiernos de América Latina y el Caribe dieron forma a la Agenda Regional de Género, que está orientada a garantizar los derechos de las mujeres, avanzar hacia el logro de su autonomía y generar las bases para construir sociedades con igualdad y en diálogo con los movimientos de mujeres y feministas de la región.
Poner en el centro de la agenda pública los cuidados acontece en el marco de un creciente reconocimiento del Estado como garante del derecho al cuidado (Pautassi, 2007). En este sentido, el Consenso de Quito, surgido de la X Conferencia Regional sobre la Mujer en 2007, fue un hito de especial importancia, donde los gobiernos reconocieron “el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar” (CEPAL, 2007).
El camino transitado desde entonces muestra: i. los avances hacia el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados; ii. la evidencia de que son las mujeres (y niñas) quienes amplia y mayoritariamente realizan este trabajo en comparación con los varones; y iii. el papel de la organización social actual del cuidado en la reproducción de las desigualdades de género y socioeconómicas (Rodríguez Enriquez & Marzonetto, 2015).
Fuente: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/Cuidados_Comunitarios_09112022_0.pdf