Un grupo de padres en California interpone una demanda contra Google, denunciando la recopilación ilegal de datos de estudiantes en sus herramientas educativas.
Un grupo de padres en California ha presentado una demanda contra Google, alegando que la empresa está utilizando sus productos de educación, como ‘Workspace for Education’, para rastrear la actividad en línea de los estudiantes y recopilar datos personales sin el consentimiento adecuado. Esta preocupación se enmarca en el hecho de que cerca del 70% de las escuelas en EE. UU. emplean estos programas, incluyendo varios distritos en el Área de la Bahía como Berryessa Union, Berkeley Unified y Pleasanton Unified.
Según la demanda, Google emplea tecnologías de seguimiento ocultas que permiten crear un ‘fingerprint’ específico para cada niño, lo que facilita la identificación de dispositivos individuales y, por ende, de los estudiantes. Los demandantes argumentan que esta práctica no solo viola la privacidad infantil, sino que también pone en peligro la seguridad de los datos de los menores al exponerlos a posibles ciberdelitos.
Además, se sostiene que Google no compensa a los estudiantes por sus datos y que no se les informa sobre qué información se recoge ni quién tiene acceso a ella. Esta situación, según los padres demandantes, entrena a los niños a no valorar su propia privacidad y autonomía, lo cual puede tener efectos negativos en su educación y en su futuro.
La demanda alega que Google ha violado leyes federales de interceptación de comunicaciones y el marco legal de privacidad de California. Los demandantes buscan daños no especificados, así como acciones legales relacionadas con la recopilación de datos de estudiantes por parte de la compañía. Google, por su parte, ha negado las acusaciones, afirmando que la información recopilada a través de sus servicios nunca se utiliza para publicidad dirigida y que implementa controles estrictos para proteger los datos de los estudiantes.
En un contexto más amplio, esta no es la primera vez que Google se enfrenta a problemas legales por la recolección de datos de menores. En 2019, la empresa acordó pagar 170 millones de dólares para resolver reclamos de la Comisión Federal de Comercio por la recolección ilegal de datos de niños en YouTube. Más recientemente, en 2020, el estado de Nuevo México demandó a Google por la recolección de datos de niños, lo que resultó en un acuerdo de 3.8 millones de dólares para establecer iniciativas de privacidad y seguridad en línea para menores en ese estado.
La demanda actual destaca que Google transforma grandes volúmenes de datos de millones de estudiantes en perfiles detallados que utiliza para comercializar productos y servicios a escuelas, creando un valor económico significativo para la empresa. Los demandantes critican que la información recopilada sobre niños menores de 13 años es excesiva y no es necesaria para su participación en actividades escolares facilitadas por los productos de Google.
La controversia subraya el dilema de la ‘dataficación’ de la educación, donde la recopilación masiva de datos se convierte en un arma de doble filo, que potencialmente socava la confianza en el entorno educativo y plantea serias preguntas sobre la ética de la tecnología en las aulas.